Discriminación estructural y desigualdad social. Con casos ilustrativos para jóvenes indígenas, mujeres y personas con discapacidad

En México, una amplia mayoría de la población enfrenta una discriminación estructural: mujeres, personas mayores, pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, así como una gran variedad de grupos adicionales que experimentan dificultades sistemáticas para ejercer sus derechos. Se trata de un patrón de alcance generalizado, puesto que se repite desde la familia y la escuela hasta el empleo y las instituciones públicas.
Eliminar las brechas discriminatorias es una tarea de enorme relevancia. Por una parte, las asimetrías que derivan de la discriminación conducen a que los sectores históricamente marginados vean desaprovechados sus talentos y truncados sus planes de vida. Esta situación genera encono y resentimientos que impiden la solidaridad y la cohesión social. Por otra parte, desperdiciar el potencial de un alto porcentaje de la sociedad limita el crecimiento del país como un todo.
Para la consolidación de un México igualitario es fundamental que todas las instituciones, tanto privadas como públicas, participemos de la lucha antidiscriminatoria. Por supuesto, la Constitución Política obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a los derechos humanos para todas las personas. Sin embargo, ante el gran camino que todavía queda por andar, información como la de esta investigación muestra que la inclusión no es sólo un imperativo moral y legal, es también una urgencia económica y social.